Una ofensiva que pretende eternizar el país que nos dejó la dictadura

Si alguien dice “apelaron a la violencia demencial para imponernos por la fuerza su modelo de país”, ¿de quiénes está hablando? Muchos pensarán que se refiere a los miembros de la Junta Militar que el 24 de marzo 1976 tomó el gobierno por la fuerza para implantar un plan sistemático de desaparición de personas y, de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, imponer un modelo de país al servicio de los grupos financieros. Sin embargo, la autora de la frase es Cecilia Pando, la vocera más mediática del grupo de nostálgicos de aquel gobierno militar. Un ejemplo más de cuánto se puede tergiversar la historia cuando se pretende defender lo indefendible.

Podrían pasarse por alto las declaraciones de Pando, teniendo en cuenta lo insostenible de sus afirmaciones, pero con ellas pretende fundamentar un proyecto de la diputada de Recrear Nora Guinzburg, que propone indemnizar a las “víctimas de la subversión”. Y el argumento central de la iniciativa es que las organizaciones armadas de los años ´60 y ´70 cometieron “crímenes de lesa humanidad”. Es decir, una nueva avanzada de los sectores retrógrados que insisten en reflotar la “teoría de los dos demonios”.

Es de esperarse que el proyecto no prospere en el Congreso, donde el oficialismo —que ha hecho del juzgamiento a los represores de la dictadura una de sus principales banderas— tiene mayoría. Además de que tanto el procurador general de la Nación, Esteban Righi, como la Corte Suprema de Justicia han desestimado los intentos de aplicar a las acciones de la guerrilla —y aún a otros casos— una caracterización reservada a los crímenes cometidos bajo el amparo estatal. No obstante, pese a la poca posibilidad de que tales reclamos tengan eco institucional, no puede dejar de darse el debate en la sociedad en torno a la llamada “memoria completa”.

El riesgo de desentenderse y dejar la defensa de la verdad histórica en unas instituciones —que en las últimas décadas han ganado desprestigio justamente por ir a contramano de las aspiraciones de la sociedad— es que el discurso conservador termine imponiéndose en el ideario de las nuevas generaciones. Por eso se hace imprescindible discutir y rebatir en todos los ámbitos las versiones retorcidas de la historia que pretenden echar por tierra más de treinta años de lucha de los organismos de derechos humanos.

En ese sentido, vale la pena detenerse también en otra afirmación de Pando: “Sólo la reparación de todas las víctimas y el repudio de todos los crímenes permitirán a los argentinos reencontrarse con la verdadera historia e iniciar caminos de reconciliación”. Es indudable que en gran parte de la sociedad existe un deseo genuino de superar los capítulos más dolorosos de nuestro pasado. Si embargo, la “reconciliación” que proponen algunos sectores sólo es posible si al mismo tiempo se ignora la continuidad en el presente del orden económico-social impuesto por la dictadura.

¿De qué “reconciliación” se puede hablar cuando los ricos ganan casi cuarenta veces más que los pobres? ¿Cómo se pueden “reencontrar” los argentinos si la mitad de ellos permanece en la pobreza mientras los terratenientes hacen ganancias exportando alimentos? ¿Qué camino común es posible mientras las fuerzas de seguridad sean las principales responsables de la represión que sufren diferentes sectores de la sociedad cotidianamente?

La Justicia no se alcanza sólo con la reparación de los crímenes de la dictadura sino fundamentalmente con la superación de las injusticias sociales y económicas que desde hace décadas mueven la resistencia del pueblo argentino. La condena que los sectores conservadores reclaman para los luchadores de ayer y de siempre es una nueva ofensiva contra esas aspiraciones populares. El debate, en el fondo, pasa qué modelo de país queremos: un país con oportunidades para todos y distribución equitativa de la riqueza; o un país que consagre la exclusión de gran parte de la población y la represión a todo aquel que intente rebelarse contra el orden impuesto.

“Memoria completa” o el olvido de la represión en pasado y presente

AYER

La reapertura de numerosas causas contra los represores de la última dictadura militar abrió las puertas para que cierta fauna jurásica saliera a reclamar una pretendida “igualdad ante la Justicia”. Estos voceros de los sectores más retrógrados de la sociedad reivindican una supuesta “memoria completa” para sostener que las acciones de la guerrilla deben ser juzgadas como delitos de lesa humanidad, en igualdad con los militares que cometieron crímenes en el marco del Terrorismo de Estado.

Si no se tratara de una mentira perversa se podría decir que es una idea paradójica. Porque su discurso se basa precisamente en ocultar prácticamente toda la historia argentina anterior a los hechos que tan fielmente pretenden recordar. Esa historia que está plagada de golpes militares contra los gobiernos democráticos que intentaron alguna tímida reforma que pusiera en riesgo los privilegios de las clases dominantes. Y que está llena de ejemplos de cómo las fuerzas de seguridad han actuado siempre para reprimir a las clases populares cuando pretendían luchar por una distribución más justa de la riqueza.

Quienes hablan de “memoria completa” olvidan las muchas razones que llevaron a una generación de militantes políticos a concluir que la lucha armada era el único camino posible para hacer frente a un Estado represor. Que la organizaciones revolucionarias cometieran errores y terminaran cumpliendo un papel trágico en los momentos previos al golpe del 24 de marzo de 1976 no hace menos verdadero el hecho de que surgieron en respuesta a décadas de persecuciones y torturas.

HOY

La llamada “teoría de los dos demonios” no sólo se burla de la historia: también pretende hacernos creer que la represión se acabó con la dictadura militar. Como si en estas décadas de gobiernos democráticos el Estado no hubiera intervenido tantas veces en defensa de los estamentos de poder. O como si las fuerzas de seguridad no hubieran actuado tantas veces para reprimir con violencia cada intento de lucha popular.

Precisamente en estos días en que la Cámara Federal de Corrientes lleva adelante el juicio oral contra los responsables de torturas y desapariciones durante la dictadura, el gobierno de la provincia repite veladamente alguno de los métodos tradicionales de represión contra los docentes que reclaman aumento salarial. Se dirá, y con razón, que no se pueden comparar la ejecución de un plan sistemático de terror y las burdas bravuconadas del gobernador Arturo Colombi. Sin embargo, sólo un idiota podría negar que demuestran lo poco que ha cambiado el Estado desde el 10 de diciembre de 1983.

El descuento por los días de huelga, la amenaza de no “pagar el aumento a quienes hagan paro”, la presentación ante la Justicia Federal para que obligue a los maestros a volver a las aulas son algunos ejemplos del accionar represivo. Todo esto acompañado por una campaña contra la lucha docente en los medios de comunicación, para la que el gobierno destina millones de pesos en forma de pauta publicitaria. El objetivo es claro: deslegitimar el reclamo, distanciar a los dirigentes gremiales de los docentes y, fundamentalmente, alentar el “repudio” de la sociedad a las medidas de fuerza. Es decir, inventar un nuevo demonio.

Así como no se puede ignorar la historia cuando se trata de comprender nuestro pasado reciente, no se puede tapar la realidad educativa en la provincia cuando se habla de los reclamos docentes. Sin embargo, hay quienes se escandalizan por la pérdida de días de clase pero no dicen nada ante la falta de condiciones edilicias de gran parte de las escuelas. Y hay imbéciles que piensan que es exagerado que un maestro pretenda un sueldo básico de ¡600 pesos!

La falta de solidaridad, la costumbre de mirar para otro lado, la obsecuencia ante los que mandan suelen ser parte de la vida cotidiana. La historia no se repite, pero el desafío para las nuevas generaciones será seguramente no caer en viejos errores. Lograrlo dependerá de cuánto aprendamos de las luchas de ayer y hoy.