sábado, 8 de marzo de 2008

Una ofensiva que pretende eternizar el país que nos dejó la dictadura

Si alguien dice “apelaron a la violencia demencial para imponernos por la fuerza su modelo de país”, ¿de quiénes está hablando? Muchos pensarán que se refiere a los miembros de la Junta Militar que el 24 de marzo 1976 tomó el gobierno por la fuerza para implantar un plan sistemático de desaparición de personas y, de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, imponer un modelo de país al servicio de los grupos financieros. Sin embargo, la autora de la frase es Cecilia Pando, la vocera más mediática del grupo de nostálgicos de aquel gobierno militar. Un ejemplo más de cuánto se puede tergiversar la historia cuando se pretende defender lo indefendible.

Podrían pasarse por alto las declaraciones de Pando, teniendo en cuenta lo insostenible de sus afirmaciones, pero con ellas pretende fundamentar un proyecto de la diputada de Recrear Nora Guinzburg, que propone indemnizar a las “víctimas de la subversión”. Y el argumento central de la iniciativa es que las organizaciones armadas de los años ´60 y ´70 cometieron “crímenes de lesa humanidad”. Es decir, una nueva avanzada de los sectores retrógrados que insisten en reflotar la “teoría de los dos demonios”.

Es de esperarse que el proyecto no prospere en el Congreso, donde el oficialismo —que ha hecho del juzgamiento a los represores de la dictadura una de sus principales banderas— tiene mayoría. Además de que tanto el procurador general de la Nación, Esteban Righi, como la Corte Suprema de Justicia han desestimado los intentos de aplicar a las acciones de la guerrilla —y aún a otros casos— una caracterización reservada a los crímenes cometidos bajo el amparo estatal. No obstante, pese a la poca posibilidad de que tales reclamos tengan eco institucional, no puede dejar de darse el debate en la sociedad en torno a la llamada “memoria completa”.

El riesgo de desentenderse y dejar la defensa de la verdad histórica en unas instituciones —que en las últimas décadas han ganado desprestigio justamente por ir a contramano de las aspiraciones de la sociedad— es que el discurso conservador termine imponiéndose en el ideario de las nuevas generaciones. Por eso se hace imprescindible discutir y rebatir en todos los ámbitos las versiones retorcidas de la historia que pretenden echar por tierra más de treinta años de lucha de los organismos de derechos humanos.

En ese sentido, vale la pena detenerse también en otra afirmación de Pando: “Sólo la reparación de todas las víctimas y el repudio de todos los crímenes permitirán a los argentinos reencontrarse con la verdadera historia e iniciar caminos de reconciliación”. Es indudable que en gran parte de la sociedad existe un deseo genuino de superar los capítulos más dolorosos de nuestro pasado. Si embargo, la “reconciliación” que proponen algunos sectores sólo es posible si al mismo tiempo se ignora la continuidad en el presente del orden económico-social impuesto por la dictadura.

¿De qué “reconciliación” se puede hablar cuando los ricos ganan casi cuarenta veces más que los pobres? ¿Cómo se pueden “reencontrar” los argentinos si la mitad de ellos permanece en la pobreza mientras los terratenientes hacen ganancias exportando alimentos? ¿Qué camino común es posible mientras las fuerzas de seguridad sean las principales responsables de la represión que sufren diferentes sectores de la sociedad cotidianamente?

La Justicia no se alcanza sólo con la reparación de los crímenes de la dictadura sino fundamentalmente con la superación de las injusticias sociales y económicas que desde hace décadas mueven la resistencia del pueblo argentino. La condena que los sectores conservadores reclaman para los luchadores de ayer y de siempre es una nueva ofensiva contra esas aspiraciones populares. El debate, en el fondo, pasa qué modelo de país queremos: un país con oportunidades para todos y distribución equitativa de la riqueza; o un país que consagre la exclusión de gran parte de la población y la represión a todo aquel que intente rebelarse contra el orden impuesto.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Felisa Miceli fue directora de Presupuestos Provinciales de Martínez de Hoz, entre 1976 y 1979;

Alicia Kirchner fue directora de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Asuntos Sociales de Santa Cruz durante la dictadura;

Gabriela Ciganotto, presidenta del Banco Nación K, fue secretaria de Hacienda de Caleta Olivia en el último año del “proceso” militar;

Dante Dovena fue, durante la dictadura, funcionario político del Ministerio de Desarrollo y Vivienda;

El suegro del secretario K, Carlos Zannini, fue ministro de Gobierno de la dictadura;

Héctor Timerman, cónsul en Nueva York, fue director de La Tarde, diario que saludaba en 1976 “el desbande” de los sindicalistas y promovía la flamante dictadura de Videla.

Ricardo Jaime: Durante la dictadura militar, fue cinco años director general de Catastro de la provincia que controlaba Luciano Benjamín Menéndez.

"Ponerse el traje de los derechos humanos cuando uno no puede tirar la primera piedra no está nada bien"

Anónimo dijo...

Crimen contra la humanidad

Se denomina crimen contra la humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.

Características de estos delitos
Sujeto activo: los crímenes pueden ser realizados por funcionarios estatales (con independencia de su jerarquía o cargo) y pueden también cometerlos los particulares, con o sin la aquiescencia del Estado (por ejemplo, organizaciones guerrilleras o paramilitares).

Sujeto pasivo: debe tratarse de un ataque contra la población civil

Acción típica:
No sólo se refiere a ataques militares: puede producirse tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.
El ataque tiene que ser generalizado o sistemático, por lo que los actos aislados o cometidos al azar no pueden ser considerados incluidos en esta tipificación.

Anónimo dijo...

Marlowe te recomiendo leer y estudiar un poco de Economia. Hay varios libros buenos. Lee mucho por que se nota que no tenes ni siquiera de la ley de oferta y demamnda. Ah otra cosa, como se nota que no conoces el campo!!!! Pegate una vuelta por el campo una vez en tu vida para hablar de los pobres productores que tienen menos de 20 has. y se mueren de hambre. INFORMATE ANTES DE HABLAR.