La condena a Juan Carlos De Marchi, Raúl Reynoso, Horacio Losito y Julio Barreiro

El ex coronel Rafael Barreiro, quien cumplía funciones de mando militar al momento de ser detenido en el año 2004 fue sentenciado a cadena perpetua. Al ex-capitán Juan Carlos De Marchi, miembro honorario de la Sociedad Rural correntina y apodado el “electricista” por su destreza con la picana le correspondieron 25 años. Igual pena recibió otro ex-coronel, Horacio Losito, agregado militar en la Embajada Argentina hasta el año 2003, en que fue pasado a disponibilidad. En tanto que con 18 años de prisión fue condenado el ex-oficial de Gendarmería Raúl Reynoso. La condena incluye un reclamo de larga data de las organizaciones de Derechos Humanos en todo el país: cárcel común.

Publicado en Agencia Periodística del Mercosur

Posdata aclaratoria

Este blog quedó desactualizado hacia el 24 de marzo de 2008 por diversos motivos personales de quienes lo habíamos comenzado. Esta última entrada no compensa tanta desatención, pero al menos le da un cierre. Ahora los invitamos a visitar el blog del Centro de Comunicación Comunitaria, proyecto en el que participamos desde hace un tiempo.

Una ofensiva que pretende eternizar el país que nos dejó la dictadura

Si alguien dice “apelaron a la violencia demencial para imponernos por la fuerza su modelo de país”, ¿de quiénes está hablando? Muchos pensarán que se refiere a los miembros de la Junta Militar que el 24 de marzo 1976 tomó el gobierno por la fuerza para implantar un plan sistemático de desaparición de personas y, de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, imponer un modelo de país al servicio de los grupos financieros. Sin embargo, la autora de la frase es Cecilia Pando, la vocera más mediática del grupo de nostálgicos de aquel gobierno militar. Un ejemplo más de cuánto se puede tergiversar la historia cuando se pretende defender lo indefendible.

Podrían pasarse por alto las declaraciones de Pando, teniendo en cuenta lo insostenible de sus afirmaciones, pero con ellas pretende fundamentar un proyecto de la diputada de Recrear Nora Guinzburg, que propone indemnizar a las “víctimas de la subversión”. Y el argumento central de la iniciativa es que las organizaciones armadas de los años ´60 y ´70 cometieron “crímenes de lesa humanidad”. Es decir, una nueva avanzada de los sectores retrógrados que insisten en reflotar la “teoría de los dos demonios”.

Es de esperarse que el proyecto no prospere en el Congreso, donde el oficialismo —que ha hecho del juzgamiento a los represores de la dictadura una de sus principales banderas— tiene mayoría. Además de que tanto el procurador general de la Nación, Esteban Righi, como la Corte Suprema de Justicia han desestimado los intentos de aplicar a las acciones de la guerrilla —y aún a otros casos— una caracterización reservada a los crímenes cometidos bajo el amparo estatal. No obstante, pese a la poca posibilidad de que tales reclamos tengan eco institucional, no puede dejar de darse el debate en la sociedad en torno a la llamada “memoria completa”.

El riesgo de desentenderse y dejar la defensa de la verdad histórica en unas instituciones —que en las últimas décadas han ganado desprestigio justamente por ir a contramano de las aspiraciones de la sociedad— es que el discurso conservador termine imponiéndose en el ideario de las nuevas generaciones. Por eso se hace imprescindible discutir y rebatir en todos los ámbitos las versiones retorcidas de la historia que pretenden echar por tierra más de treinta años de lucha de los organismos de derechos humanos.

En ese sentido, vale la pena detenerse también en otra afirmación de Pando: “Sólo la reparación de todas las víctimas y el repudio de todos los crímenes permitirán a los argentinos reencontrarse con la verdadera historia e iniciar caminos de reconciliación”. Es indudable que en gran parte de la sociedad existe un deseo genuino de superar los capítulos más dolorosos de nuestro pasado. Si embargo, la “reconciliación” que proponen algunos sectores sólo es posible si al mismo tiempo se ignora la continuidad en el presente del orden económico-social impuesto por la dictadura.

¿De qué “reconciliación” se puede hablar cuando los ricos ganan casi cuarenta veces más que los pobres? ¿Cómo se pueden “reencontrar” los argentinos si la mitad de ellos permanece en la pobreza mientras los terratenientes hacen ganancias exportando alimentos? ¿Qué camino común es posible mientras las fuerzas de seguridad sean las principales responsables de la represión que sufren diferentes sectores de la sociedad cotidianamente?

La Justicia no se alcanza sólo con la reparación de los crímenes de la dictadura sino fundamentalmente con la superación de las injusticias sociales y económicas que desde hace décadas mueven la resistencia del pueblo argentino. La condena que los sectores conservadores reclaman para los luchadores de ayer y de siempre es una nueva ofensiva contra esas aspiraciones populares. El debate, en el fondo, pasa qué modelo de país queremos: un país con oportunidades para todos y distribución equitativa de la riqueza; o un país que consagre la exclusión de gran parte de la población y la represión a todo aquel que intente rebelarse contra el orden impuesto.

“Memoria completa” o el olvido de la represión en pasado y presente

AYER

La reapertura de numerosas causas contra los represores de la última dictadura militar abrió las puertas para que cierta fauna jurásica saliera a reclamar una pretendida “igualdad ante la Justicia”. Estos voceros de los sectores más retrógrados de la sociedad reivindican una supuesta “memoria completa” para sostener que las acciones de la guerrilla deben ser juzgadas como delitos de lesa humanidad, en igualdad con los militares que cometieron crímenes en el marco del Terrorismo de Estado.

Si no se tratara de una mentira perversa se podría decir que es una idea paradójica. Porque su discurso se basa precisamente en ocultar prácticamente toda la historia argentina anterior a los hechos que tan fielmente pretenden recordar. Esa historia que está plagada de golpes militares contra los gobiernos democráticos que intentaron alguna tímida reforma que pusiera en riesgo los privilegios de las clases dominantes. Y que está llena de ejemplos de cómo las fuerzas de seguridad han actuado siempre para reprimir a las clases populares cuando pretendían luchar por una distribución más justa de la riqueza.

Quienes hablan de “memoria completa” olvidan las muchas razones que llevaron a una generación de militantes políticos a concluir que la lucha armada era el único camino posible para hacer frente a un Estado represor. Que la organizaciones revolucionarias cometieran errores y terminaran cumpliendo un papel trágico en los momentos previos al golpe del 24 de marzo de 1976 no hace menos verdadero el hecho de que surgieron en respuesta a décadas de persecuciones y torturas.

HOY

La llamada “teoría de los dos demonios” no sólo se burla de la historia: también pretende hacernos creer que la represión se acabó con la dictadura militar. Como si en estas décadas de gobiernos democráticos el Estado no hubiera intervenido tantas veces en defensa de los estamentos de poder. O como si las fuerzas de seguridad no hubieran actuado tantas veces para reprimir con violencia cada intento de lucha popular.

Precisamente en estos días en que la Cámara Federal de Corrientes lleva adelante el juicio oral contra los responsables de torturas y desapariciones durante la dictadura, el gobierno de la provincia repite veladamente alguno de los métodos tradicionales de represión contra los docentes que reclaman aumento salarial. Se dirá, y con razón, que no se pueden comparar la ejecución de un plan sistemático de terror y las burdas bravuconadas del gobernador Arturo Colombi. Sin embargo, sólo un idiota podría negar que demuestran lo poco que ha cambiado el Estado desde el 10 de diciembre de 1983.

El descuento por los días de huelga, la amenaza de no “pagar el aumento a quienes hagan paro”, la presentación ante la Justicia Federal para que obligue a los maestros a volver a las aulas son algunos ejemplos del accionar represivo. Todo esto acompañado por una campaña contra la lucha docente en los medios de comunicación, para la que el gobierno destina millones de pesos en forma de pauta publicitaria. El objetivo es claro: deslegitimar el reclamo, distanciar a los dirigentes gremiales de los docentes y, fundamentalmente, alentar el “repudio” de la sociedad a las medidas de fuerza. Es decir, inventar un nuevo demonio.

Así como no se puede ignorar la historia cuando se trata de comprender nuestro pasado reciente, no se puede tapar la realidad educativa en la provincia cuando se habla de los reclamos docentes. Sin embargo, hay quienes se escandalizan por la pérdida de días de clase pero no dicen nada ante la falta de condiciones edilicias de gran parte de las escuelas. Y hay imbéciles que piensan que es exagerado que un maestro pretenda un sueldo básico de ¡600 pesos!

La falta de solidaridad, la costumbre de mirar para otro lado, la obsecuencia ante los que mandan suelen ser parte de la vida cotidiana. La historia no se repite, pero el desafío para las nuevas generaciones será seguramente no caer en viejos errores. Lograrlo dependerá de cuánto aprendamos de las luchas de ayer y hoy.

El proceso judicial a los represores en Corrientes y el juicio de la sociedad

"...hemos visto con indiferencia por más de tres siglos sometida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha mirado como a esclavos; hemos guardando un silencio bastante parecido a la estupidez (...). Ya es tiempo, pues, de sacudir yugo tan funesto a nuestra felicidad..."
Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo, La Paz, 27 de julio de 1809

El juicio oral a los responsables del centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 durante la última dictadura no transcurre en una isla desierta. El aquí y el ahora de un hecho, sin dudas histórico, nos pone ante un compromiso: sumar al debate en las audiencias un debate en la sociedad correntina acerca del terrorismo de Estado y sus consecuencias aún palpables. No son el pasado ni el presente los que nos imponen el desafío sino el futuro: es el derecho de las nuevas generaciones a conocer y analizar la historia reciente para no volver a caer en las mismas trampas.

La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la reapertura de innumerables causas contra represores provocaron una ofensiva mediática de sectores que preferirían dejar en el olvido su responsabilidad en el aparato represivo del gobierno militar. Así es como a voceros históricos de los estamentos de poder, como Mariano Grondona, se han sumado personajes como Cecilia Pando, esposa de un militar pasado a retiro por reivindicar la dictadura.

En Corrientes, en tanto, el proceso contra los ex militares inspiró la publicación de artículos de una tiliguería tal que sorprendería al mismo Arturo Jauretche y la insistencia ante los micrófonos en reflotar la teoría de los "dos demonios" afirmando que se debe juzgar a "ambos bandos". Por otro lado, el juicio oral dio lugar a una seguidilla de "cartas" del hijo de Juan Carlos De Marchi, indicado por muchos testigos como principal responsable de las torturas en el Regimiento 9, pero pocas reacciones por parte de los sectores políticos y sociales más activos.

Por eso, aunque este blog surgió de un interés personal, en este momento queremos apostar al interés colectivo: sumar voces, convocar a la participación, movilizar voluntades para enfrentar a quienes pretenden que la historia vaya marcha atrás. Queremos promover un pronunciamiento público que acompañe al proceso judicial; que el debate no quede encerrado en la sala de audiencias. Pretendemos llevar el juicio a las escuelas, facultades y lugares de trabajo, porque el mero registro de las actas judiciales no es la mejor forma de preservar la verdad histórica.

El juicio a los represores y las divisiones de la sociedad correntina

Nadie podría imaginarse a Luciano Miguenz manifestándose en la calle por la condena al represor Miguel Etchecolatz. Caído en desgracia, el ex comisario de la policía bonaerense no es un personaje por el que convenga mostrar simpatía. En Corrientes, sin embargo, la plana mayor de la Sociedad Rural ha hecho causa común con los ex militares que están siendo juzgados como responsables de un centro clandestino de detención en el Regimiento de Infantería 9.

A partir de la recuperación de la democracia, muchos de los más conpiscuos representantes del poder económico tomaron una prudente distancia de quienes durante la dictadura hicieron el trabajo sucio. El terrorismo de Estado había sido el marco necesario para que unas pocas familias, amparadas por la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, hicieran negocios millonarios. Pero, así como sus deudas con la banca internacional fueron estatizadas, su deuda con los verdugos se fue olvidando conforme crecía en la sociedad el reclamo de verdad y justicia.



Pero en Corrientes represor y beneficiario económico se funden en una misma persona y la presencia de Juan Carlos De Marchi entre los acusados le da un significado especial al proceso. Por sobre la repetida (y en parte falsa) antinomia militares - militantes, el juicio contrapone a dos sectores sociales de la provincia. Las manifestaciones del primer día de audiencias fueron un reflejo de este contraste: no sólo en las consignas sino también en las caras, la forma de vestirse o de actuar.

El juicio revive la división histórica entre los ganaderos y terratenientes de la Sociedad Rural y los pequeños campesinos, en su mayoría aparceros. Ese enfrentamiento, que puede remontarse a los orígenes de la provincia, llevó al surgimiento de las Ligas Agrarias a fines de la década del sesenta. Por eso no es casual que muchos de los casos de desaparecidos en Corrientes provengan de las zonas rurales.



La lucha de miles de campesinos está presente hoy en la búsqueda de justicia por las muertes y torturas. Pero la antinomia persiste y se expresa en el respaldo que las familias patricias de la sociedad correntina han dado al ex capitán De Marchi. Y seguirá existiendo mientras sea injusta la distribución de las riquezas de la tierra. Por ejemplo: mientras la Sociedad Rural proteste por las retenciones a las exportaciones aunque nunca hayan tenido ganancias tan fabulosas como en los últimos años.

Cobertura para el Mercosur del juicio a los represores en Corrientes

La Agencia Periodística del Mercosur realiza una cobertura del juicio oral a los represores del Regimiento de Infantería 9. Desde el comienzo del proceso ha publicado crónicas con todos los detalles de las audiencias. La última de ellas profundiza en quienes son los seis militares imputados y en el pedido de nulidad presentado por la defensa. Se puede acceder a todas las notas desde los enlaces que se encuentran en la columna derecha del blog.

Walsh

“En 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo.
“Soy lento, he tardado quince años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda; lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto; sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima; pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez.”

Rofolfo Walsh es posiblemente el arquetipo del periodista comprometido con su tiempo. Escritor prolífico, genial cronista, militante de palabra y acción. Nació el 27 de enero de 1927 en la por entonces llamada Colonia de Choele-Choel y a los diecisiete años se acercó a la escritura como corrector en una editorial. Recorrer su obra es repasar casi un cuarto de siglo de historia argentina y latinoamericana. Y leerla es una sorpresa constante: por su prosa magistral y por la claridad abrumadora de su mirada sobre la realidad.

Por eso este blog ha inaugurado su "archivo de lecturas" con su Carta abierta a la Junta Militar, un texto que a más 30 años de haber sido escrito sigue siendo profético. Se lo puede considerar un homenaje, aunque esa palabra suene bastante sospechosa. O solamente un reconocimiento como uno de los inspiradores de este pequeño aporte.

Repercusión en los medios del juicio a los represores del Regimiento de Infantería 9

Medios de comunicación de varios puntos del mundo informaron sobre el comienzo del proceso oral a los responsables del centro clandestino de detención en el Regimiento 9 de Corrientes. La atención estuvo puesta por estos días en la presencia (y ausencia) de Cristino Nicolaides entre los acusados. En tanto, muchos medios argentinos destacaron la asistencia de Cecilia Pando, referente de los sectores sociales y militares que reivindican la dictadura, y los "cruces ideológicos" entre manifestantes.

Un ejemplo de la repercusión internacional del juicio es el cable de la agencia norteamericana Associated Press: "El último jefe del Ejército de la dictadura argentina y otros cinco oficiales retirados fueron llevados a juicio este martes por su presunta participación en detenciones ilegales y torturas a disidentes durante el gobierno militar" [traducción del texto completo]. Diferentes medios de América Latina —como el diario La Jornada de México o la red Telesur de Venezuela— tuvieron una lectura similar, que destaca la relevancia de Nicolaides en el entramado institucional del autodenominado Proceso de Reconstrucción Nacional. Desde este punto de vista, el proceso correntino se acercaría en importancia al juicio a las Juntas de los primeros años de democracia.

A su vez, la "ausencia del principal inculpado" —según señaló la agencia cubana Prensa Latina— fue otro de los tópicos en las coberturas de medios de afuera del país. "Nicolaides está ausente en el juicio, debido a que por razones de salud fue ingresado en una sala de terapia intensiva de un hospital de Córdoba en momentos en que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos similares a los que vuelve a ser juzgado", explicó La Prensa de Panamá.

En tanto, buena parte de los medios argentinos se inclinaron por destacar la presencia de la esposa de un militar dado de baja por reivindicar la dictadura. "Pando comenzó su gira por el interior", tituló el diario porteño Página/12. También los "incidentes" entre familiares y amigos de los acusados y los manifestantes que apoyaban el inicio del juicio tuvieron un espacio destacado. "Se produjeron algunas corridas e insultos entre los miembros del grupo católico e integrantes de la organización H.I.J.O.S de desaparecidos, pero esos incidentes rápidamente fueron sofocados por los policías que formaron una valle humana y separaron a ambos grupos", relató Perfil.com.

Una lectura diferente tuvo el portal Periodismo.com, que destacó: "La presencia en el banquillo de los acusados del ex capitán Juan Carlos Demarchi despierta la polémica. Terminado el régimen, el militar se dedicó a la ganadería y ocupó un cargo notorio: la presidencia de la Sociedad Rural de Corrientes. Buena parte de la población lo critica y lo acusa de torturar y asesinar, mientras que otra porción lo defiende". También lo hizo la edición web de la revista Análisis Digital, que además reseñó la carrera de todos los represores.

Por su parte, el sitio Misiones On Line fue más allá y relacionó el inicio del proceso oral con la causa por torturas y desapariciones en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. "Juicio a ex represores genera expectativas por 'Las Marías'", tituló. "De acuerdo con el trámite iniciado en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, trabado en los últimos meses por sucesivas inhibiciones como la del juez Ángel Oliva, en ese establecimiento se produjeron desapariciones, torturas y persecuciones durante la dictadura, hechos por los cuales fue denunciado Adolfo 'Toco' Navajas Artazas".

Algunas instantáneas

A la salida de la primera audiencia, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, habla con la prensa.


Una pausa en la manifestación. Imágenes de algunos militantes desaparecidos, entre zapatillas, jeans y sandalias de los HIJOS.


Victoria Donda, nacida en la ESMA. Nieta recuperada y ahora diputada nacional.


Una militante interpela al cordón policial.


Con rosarios en alto, amigas y familiares de los represores defienden la tortura y la desaparición de personas.

La policía interpretó a su manera el juicio a los represores

Un abogado, militantes y periodistas reclaman explicaciones por la detención

La paradoja es tan evidente que hasta parece irreal. Sin embargo ocurrió este martes, a pocos metros de donde comenzaba el juicio a los represores del Regimiento de Infantería 9. Un integrante de la agrupación Barrios de Pie, que acababa de participar de la manifestación de apoyo al juicio, fue detenido por agentes de la policía de la provincia. Iban a trasladarlo a la comisaría por "averiguación de antecedentes" hasta que intervinieron otros militantes, el abogado Hermindo González y un grupo de periodistas.

Según explicaron los responsables de la detención, el joven estaba demorado por no tener el documento de identidad consigo y por "sospechoso". Ni los agentes ni el jefe del operativo, convocado al lugar para aclarar la situación, pudieron explicar de qué se lo acusaba. Así, mientras los policías insistían en llevárselo, González y la ex legisladora Araceli Ferreyra se aferraron a él para intentar liberarlo. El forcejeo provocó la reacción de los demás integrantes del movimiento barrial y la intervención de dos agentes de la ex Brigada de Investigaciones vestidos de civil.


Hubo forcejeos y corridas con la policía hasta conseguir la liberación del joven

Aunque finalmente el militante fue liberado, el incidente abre un interrogante sobre el contexto en el que ocurrió. Porque si los juicios a los responsables del genocidio durante la última dictadura significan el quiebre de una larga historia de impunidad, hechos como éste hacen pensar que poco y nada está cambiando. Es ingenuo pensar que la represión terminó con la recuperación de la democracia. Aunque más solapada, cobrándose víctimas que a nadie importan, ignorada por los grandes medios, la persecución a lo pobres, a los trabajadores y a los luchadores populares es una realidad.

En diciembre de 2001 una patrulla de la policía provincial fusiló a Ramón Arapí, con la represión a los "saqueos" de supermercados como telón de fondo. Sólo tres años después, agentes de la misma institución concluyó una razzia en el barrio Quinta Ferré matando a golpes al dirigente barrial Ramón Arce. En enero de 2006, tres chicos murieron a raíz de un incendio en la celda en la que se encontraban detenidos: los guardias prefirieron ponerse a salvo antes que dejarlos salir de su encierro.


Los policías de civil también hicieron "inteligencia" fotografiando a manifestantes

Aunque la enumeración de casos con víctimas fatales puede extenderse hasta el hartazgo, los abusos de las fuerzas de seguridad se repiten cotidianamente. Desde la inexplicable detención, hace pocas semanas, de un fotógrafo en las oficinas del Correo Argentino, hasta los "operativos" en los que diariamente se requiere documentación y se demora a motociclistas, la doctrina policial se basa en la inversión de uno de los principios fundamentales del Derecho: todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Pero así como es necesario romper la tradición de impunidad, quizás es momento de comenzar a preguntarse para qué debiera existir la policía. Y aunque seguramente la respuesta será resultado de una construcción colectiva, antes debe quedar en claro cuál es el rol que ha tenido históricamente: el de ser autoridad moral y garante del orden social en resguardo de los intereses de los grupos de poder. Entonces la sociedad argentina podrá curar algunas de sus heridas y los juicios a los represores no quedarán como un "hecho histórico" que cambiaron algo para que nada cambie.

Comenzó el primer juicio a represores en Corrientes

Como el "Correntinazo" de 1969, que antecedió al "Cordobazo", o el de 30 años después, que echó a tres gobernadores, Corrientes puso un nuevo hito en la historia argentina. Seis militares serán sometidos a juicio oral por aplicación de torturas, desaparición forzada de personas y una larga lista de cargos. Entre los acusados se encuentran el último jefe del Ejército de la dictadura, Cristino Nicolaides (que estuvo ausente), y un ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, el capitán retirado Juan Carlos De Marchi.


Juan Carlos De Marchi ingresa esposado a la sala de audiencias (Foto de Leticia Gaúna y Víctor Ocampo)

Dicen las crónicas que De Marchi siguió la lectura de los cargos sin que se le borrara de la cara un gesto de soberbia y seguridad en sí mismo. Como si confiara en que la historia volverá a repetirse para que los represores de las luchas populares terminen sus días tranquilamente sin rendir cuentas a nadie. Como si este juicio (y otros más en el resto del país) no fuera una excepción en la larga historia de la impunidad argentina.


Organizaciones sociales y políticas acompañaron el inicio del juicio

Quizás lo más potente de este proceso es que significa una ruptura de lo que la sociedad ha aceptado tradicionalmente como natural e inmutable. Porque desde las matanzas de aborígenes en el Chaco y la Patagonia a los fusilamientos de obreros en las estancias de los grandes terratenientes, pasando por la "Semana Trágica", el bombardeo a Plaza de Mayo y la masacre de Trelew, hasta llegar a la represión en Corrientes en diciembre de 1999 y en Buenos Aires y otras ciudades en diciembre de 2001, sobran los ejemplos de crímenes organizados desde el Estado. En cambio, salvo aquellos ajusticiados por alguna bomba anarquista, ninguno de sus responsables ha sido juzgado jamás.

 
Militantes correntinos desaparecidos por la última dictadura militar

Para quienes llevan demasiados años viviendo y aceptando la impunidad, la reapertura de las causas a los represores de la última dictadura se les presenta como un regreso indeseable al pasado. Prefieren olvidar antes de preguntarse porqué el Estado recurre a sus fuerzas armadas para proteger los intereses de los hacendados, industriales y banqueros. Si embargo, los juicios son un regreso al futuro: una pequeña posibilidad de que nuestros hijos crezcan en un país donde nadie tenga miedo de rebelarse ante la injusticia.