A partir de la recuperación de la democracia, muchos de los más conpiscuos representantes del poder económico tomaron una prudente distancia de quienes durante la dictadura hicieron el trabajo sucio. El terrorismo de Estado había sido el marco necesario para que unas pocas familias, amparadas por la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, hicieran negocios millonarios. Pero, así como sus deudas con la banca internacional fueron estatizadas, su deuda con los verdugos se fue olvidando conforme crecía en la sociedad el reclamo de verdad y justicia.
Pero en Corrientes represor y beneficiario económico se funden en una misma persona y la presencia de Juan Carlos De Marchi entre los acusados le da un significado especial al proceso. Por sobre la repetida (y en parte falsa) antinomia militares - militantes, el juicio contrapone a dos sectores sociales de la provincia. Las manifestaciones del primer día de audiencias fueron un reflejo de este contraste: no sólo en las consignas sino también en las caras, la forma de vestirse o de actuar.
El juicio revive la división histórica entre los ganaderos y terratenientes de la Sociedad Rural y los pequeños campesinos, en su mayoría aparceros. Ese enfrentamiento, que puede remontarse a los orígenes de la provincia, llevó al surgimiento de las Ligas Agrarias a fines de la década del sesenta. Por eso no es casual que muchos de los casos de desaparecidos en Corrientes provengan de las zonas rurales.
La lucha de miles de campesinos está presente hoy en la búsqueda de justicia por las muertes y torturas. Pero la antinomia persiste y se expresa en el respaldo que las familias patricias de la sociedad correntina han dado al ex capitán De Marchi. Y seguirá existiendo mientras sea injusta la distribución de las riquezas de la tierra. Por ejemplo: mientras la Sociedad Rural proteste por las retenciones a las exportaciones aunque nunca hayan tenido ganancias tan fabulosas como en los últimos años.
