Si alguien dice “apelaron a la violencia demencial para imponernos por la fuerza su modelo de país”, ¿de quiénes está hablando? Muchos pensarán que se refiere a los miembros de la Junta Militar que el 24 de marzo 1976 tomó el gobierno por la fuerza para implantar un plan sistemático de desaparición de personas y, de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, imponer un modelo de país al servicio de los grupos financieros. Sin embargo, la autora de la frase es Cecilia Pando, la vocera más mediática del grupo de nostálgicos de aquel gobierno militar. Un ejemplo más de cuánto se puede tergiversar la historia cuando se pretende defender lo indefendible.
Podrían pasarse por alto las declaraciones de Pando, teniendo en cuenta lo insostenible de sus afirmaciones, pero con ellas pretende fundamentar
un proyecto de la diputada de Recrear Nora Guinzburg, que propone indemnizar a las “víctimas de la subversión”. Y el argumento central de la iniciativa es que las organizaciones armadas de los años ´60 y ´70 cometieron “
crímenes de lesa humanidad”. Es decir, una nueva avanzada de los sectores retrógrados que insisten en reflotar la “teoría de los dos demonios”.
Es de esperarse que el proyecto no prospere en el Congreso, donde el oficialismo —que ha hecho del juzgamiento a los represores de la dictadura una de sus principales banderas— tiene mayoría. Además de que tanto
el procurador general de la Nación, Esteban Righi, como la Corte Suprema de Justicia han desestimado los intentos de aplicar a las acciones de la guerrilla —y aún a
otros casos— una caracterización reservada a los crímenes cometidos bajo el amparo estatal. No obstante, pese a la poca posibilidad de que tales reclamos tengan eco institucional, no puede dejar de darse el debate en la sociedad en torno a la llamada “memoria completa”.
El riesgo de desentenderse y dejar la defensa de la verdad histórica en unas instituciones —que en las últimas décadas han ganado desprestigio justamente por ir a contramano de las aspiraciones de la sociedad— es que el discurso conservador termine imponiéndose en el ideario de las nuevas generaciones. Por eso se hace imprescindible discutir y rebatir en todos los ámbitos las versiones retorcidas de la historia que pretenden echar por tierra más de treinta años de lucha de los organismos de derechos humanos.
En ese sentido, vale la pena detenerse también en otra afirmación de Pando: “Sólo la reparación de todas las víctimas y el repudio de todos los crímenes permitirán a los argentinos reencontrarse con la verdadera historia e iniciar caminos de reconciliación”. Es indudable que en gran parte de la sociedad existe un deseo genuino de superar los capítulos más dolorosos de nuestro pasado. Si embargo, la “reconciliación” que proponen algunos sectores sólo es posible si al mismo tiempo se ignora la continuidad en el presente del orden económico-social impuesto por la dictadura.
¿De qué “reconciliación” se puede hablar cuando
los ricos ganan casi cuarenta veces más que los pobres? ¿Cómo se pueden “reencontrar” los argentinos si la mitad de ellos
permanece en la pobreza mientras los terratenientes hacen ganancias
exportando alimentos? ¿Qué camino común es posible mientras las fuerzas de seguridad sean las principales responsables de la
represión que sufren diferentes sectores de la sociedad cotidianamente?
La Justicia no se alcanza sólo con la reparación de los crímenes de la dictadura sino fundamentalmente con la superación de las injusticias sociales y económicas que desde hace décadas mueven la resistencia del pueblo argentino. La condena que los sectores conservadores reclaman para los luchadores de ayer y de siempre es una nueva ofensiva contra esas aspiraciones populares. El debate, en el fondo, pasa qué modelo de país queremos: un país con oportunidades para todos y distribución equitativa de la riqueza; o un país que consagre la exclusión de gran parte de la población y la represión a todo aquel que intente rebelarse contra el orden impuesto.
